Xalapa | 2022-02-27 | Jesús Ruíz
La oposición en el Congreso de Veracruz criticó que la mayoría de Morena quiera dar “atole con el dedo” a los veracruzanos con la derogación de 2 fracciones del delito de ultrajes a la autoridad.
Durante la sesión extraordinaria de este domingo, los legisladores del PRI, PAN, MC e incluso del PT, lamentaron que no se haya acatado en sus términos la recomendación 146/2021 para eliminar el delito de ultrajes a la autoridad.
Entre otros calificativos, aseguraron que la medida es “una farsa” y que seguramente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “corregirá la plana” al partido guinda este lunes.
El diputado del PRI, Marlon Ramírez Marín, vaticinó que el máximo tribunal del país evidenciará de nueva cuenta al Congreso local respecto a la no derogación del delito de ultrajes a la autoridad, lamentando que sea el Ejecutivo y no las titulares de la Fiscalía General y del Poder Judicial en Veracruz quienes defiendan el tipo penal.
En ese sentido, sostuvo que la medida de no eliminar el delito de ultrajes a la autoridad significará un costo político y social, especialmente de quienes están padeciendo abusos con la actual tipificación.
“Posiblemente en 24 horas el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tome una determinación que pueda echar por tierra esta decisión”, señaló el priísta, en alusión a la sesión que realizarán los ministros este lunes para abordar las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la oposición y por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
El diputado del PAN, Jaime Enrique de la Garza, afirmó que la mayoría morenista quiere “dar atole con el dedo” a todo el pueblo veracruzano, criticando que al analizar las iniciativas sólo se haya determinado eliminar las fracciones II y IV del artículo 331.
“Al derogar estas 2 fracciones no pasa nada, literalmente no pasa nada, seguimos con lo mismo; no se van a terminar los abusos de autoridad y la persecución que se ejecuta hacia todos los veracruzanos”.
Añadió que tampoco se abordó la eliminación del artículo 371 Quinquies, que establece que se impondrán de 7 a 15 años de prisión y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades de medida y actualización diarias, a quien amenace o agreda a un integrante o elemento de alguna institución de Seguridad Pública municipal o estatal en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, de tal manera que, en razón del arma empleada, de la fuerza o destreza del agresor, pueda producirle como resultado lesiones o muerte
La diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán, sostuvo que la redacción del delito de ultrajes a la autoridad es contraria al principio de certeza que deben caracterizar a las normas jurídicas, especialmente las de tipo penal.
Criticó que el delito de ultrajes siga manteniendo su vigencia, pese a la recomendación 146/2021 de la CNDH para derogar el delito.
“Los delitos de ultrajes a la autoridad y contra la seguridad pública, la mayoría de los casos, sólo han sido instrumento para criminalizar la disidencia e inhibir la participación política de la ciudadanía y en otros casos para negar y restringir derechos civiles obstaculizando el Derecho a un juicio justo”, planteó.
El diputado del Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, refirió que Veracruz ha sido noticia a nivel nacional e internacional por la reforma al Código Penal respecto al delito de ultrajes a la autoridad que ocasionó una recomendación de la CNDH, pues dicha legislación debe ser temida no solamente por responsables de cometer delitos, también por “quienes sean inocentes”.
Recordó que se presentaron 4 iniciativas, incluyendo la del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, pugnando por la derogación, disminución de penalidades y agregar elementos de mayor precisión y alcances jurídicos, pero sólo se optó por derogar 2 fracciones.
“De aprobarse el dictamen tendremos que padecer las consecuencias legales sobre las inconsistencias que de ella deriven las controversias constitucionales promovidas para su derogación”.
Por su parte, la diputada del PAN, Verónica Pulido Herrera, afirmó que Morena sólo ve por sus intereses y por ello optó por no derogar el delito de ultrajes a la autoridad. La diputada del PRI, Anilú Ingram Vallines, dijo que los diputados deben ser leales a los veracruzanos, afirmando que la derogación de 2 fracciones “es una farsa”.
La priísta añadió que las recomendaciones de la CNDH no pueden ser “a medias” y tienen que aceptarse en sus términos, lo que no ocurrió este domingo, cuando se priorizó el bien jurídico a la seguridad pública por encima de los Derechos Humanos como el Derecho a la seguridad jurídica.
Finalmente, el diputado del PAN, Enrique Cambranis Torres, afirmó que el dictamen aprobado por la mayoría de Morena “es insuficiente, tramposo y perverso”, pues no atiende la recomendación de la CNDH por la detención irregular de 6 jóvenes en Xalapa acusados del delito de ultrajes a la autoridad.
“Esto no puede llamarse de otra forma, es completamente una simulación, es un alarde de poder y de terquedad del Gobernador que, junto a sus cómplices, mayoría en este congreso, pasan por encima de la voluntad ciudadana, de las instituciones autónomas y de los especialistas en Derechos Humanos”.
Criticó que el Gobernador haya enviado una iniciativa para derogar el delito de ultrajes a la autoridad y, sin embargo, este domingo haya dirigido una carta a la Suprema Corte advirtiendo que eliminar el tipo penal significaría crear un vacío legal.