Xalapa | 2023-06-02
Aunque el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) "archivó" el expediente del fallido Sistema Estatal de Videovigilancia del Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la corrupción detectada.
Hay que destacar que dicho sistema lleva casi cinco años sin funcionar como lo garantizó el exgobernador por el PAN-PRD. Esta es la primera vez que la ASF emprende acciones penales por irregularidades detectadas en una cuenta pública del bienio.
En su auditoría de cumplimiento correspondiente al año 2018, la ASF identificó diversas anomalías en la gestión de 350 millones de pesos destinados al sistema de videovigilancia. Es importante destacar que el sistema debía estar en funcionamiento desde el 16 de agosto de 2018.
Sin embargo, se constató que los equipos adquiridos no operaban correctamente o no recibían señal, lo cual llevó a calificar el contrato como "no óptimo".
"Se determinaron pagos improcedentes por 349,775.7 miles de pesos con recursos del programa Cámaras de Vigilancia en el Estado de Veracruz, ya que los bienes adquiridos no se identificaron ni se registraron en el inventario y carecieron del resguardo correspondiente; y tampoco se acreditó el correcto funcionamiento de los mismos, así como su entrega formal".
El organismo fiscalizador encontró que la SSP realizó pagos sin identificar ni registrar los bienes adquiridos, sin efectuar su resguardo correspondiente y sin demostrar su correcto funcionamiento y entrega formal.
En marzo de 2020, el actual titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, confirmó la colaboración con la ASF para abordar el daño patrimonial ocasionado por el Sistema de Videovigilancia. Subrayó que la prioridad era "resarcir dicho daño".
La denuncia presentada por la ASF se produce después de que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) concluyera y archivara el expediente a principios de marzo de este año. Sin embargo, de acuerdo con la ley, dicho expediente aún podría reabrirse.
El ORFIS tomó la decisión de "concluir y archivar el expediente" con relación a los Procesos de Adquisición e Instalación de las 6,476 Cámaras que Integran el Sistema Estatal de Videovigilancia en su Auditoría de Legalidad. En su informe, el ORFIS destacó que previamente se había presentado una denuncia ante la Fiscalía Nacional Anticorrupción de la FGR, con número de expediente FED/FECC/FECC-VER/0000114/2019, por un monto de mil 44 millones 523 mil 721.33 pesos.
El órgano fiscalizador indicó que la denuncia surgió "de la revisión en atención al exhorto publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 518, de fecha 27 de diciembre de 2018".
En abril de 2019, el secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, y el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, también presentaron una denuncia ante la FGR por las irregularidades del Sistema de Videovigilancia, incluyendo el contrato suscrito con la empresa COMTELSAT.
A pesar de ello, en noviembre de 2021, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó que había llegado a un acuerdo con la empresa para no presentar denuncias y para poner en funcionamiento los equipos. García Jiménez señaló que COMTELSAT ya había solventado algunas de las irregularidades detectadas.
"Estamos revisando con la compañía que fue contratada en el gobierno anterior para que acelere el proceso, ya que se han solventado los problemas más importantes que tenían que ver con ellos. Lo legal tiene que seguir su curso, pero ya hemos llegado a acuerdos y convenios con ellos. Han comenzado a funcionar en Xalapa y Veracruz, y también estamos trabajando para que inicien en otras regiones donde se había contratado el sistema", afirmó el gobernador.
Sin embargo, para enero de este año 2023, el gobernador García Jiménez admitió que la empresa solo había alcanzado un "30 por ciento de avance" en la implementación del sistema. Instó al actual titular de la SSP, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, a presionar a la empresa para acelerar los trabajos.