Xalapa | 2023-02-08
Diversos jueces de control ya han liberado órdenes de aprehensión en contra de ex funcionarios estatales y municipales, por presuntos desvíos de recursos y otros delitos relacionados con corrupción, mencionó la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior, Delia González Cobos.
Indicó que tras haber presentado denuncias en los últimos años, el Orfis acreditó la posible comisión de un delito ante la Fiscalía General del Estado, la cual a su vez, también integró las correspondientes carpetas de investigación con más elementos.
Al tener ya listas las carpetas, la Fiscalía procedió a judicializarlas ante diversos juzgados de control, consiguiendo que los jueces hayan emitido las órdenes de aprensión en el 80 por ciento de las 296 denuncias que se han presentado.
La auditora comentó que ocho de cada 10 denuncias ya tiene un proceso judicial en donde ya se dio el ejercicio de la acción penal, es decir, un juez, dictó una orden de aprehensión contra de exservidores públicos.
"En el 80 por ciento inició la acción penal y procedió, y de esas todavía hay gente que está en proceso judicial, no quiere decir que este en la cárcel porque el delito pudo no haber sido grave, por lo que tiene la posibilidad de llevar el proceso en libertad", añadió.
Por el momento dijo desconocer cómo van los procesos judiciales o si hay personas detenidas o si algunas otras están llevando el proceso en libertad, o incluso si se dio la devolución del recurso que se valoró como daño patrimonial.
Sin embargo, puntualizó no cuentan con información actualizada de cómo va cada uno de los procesos judiciales; mencionó que solo en un dos por ciento no fue procedente la denuncia, y se cerró la carpeta de investigación.
Incluso, dijo, si se dio el pago del monto considerado daño patrimonial tras un acuerdo de reparación del daño no conocen qué pasó con ese dinero que tendría que ser reintegrado a los municipios o a la Sefiplan.
A la fecha el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) ha presentado un total de 296 denuncias por un daño patrimonial de 35 mil 570 millones de pesos.
Recientemente se generó un debate mediático por la posibilidad de que las denuncias que se han interpuesto puedan prescribir, por lo que desde el Congreso de Veracruz se pidió dar seguimiento y celeridad con la idea sancionar a quién incurrió en daño patrimonial.