Disputa sindical retrasa recuperación de bienes tras requisa del puerto de Veracruz

El secretario de Gobernación indicó que la muerte de sindicalistas retrasa la solución tras requisa del puerto de Veracruz

Veracruz | 2023-05-12

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informó que la disputa entre dos sindicatos que reclaman los bienes tras la requisa del puerto de Veracruz y el fallecimiento de casi la mitad de los sindicalistas originarios podría provocar que la solución al conflicto se retrase.

Durante la conferencia Mañanera, el secretario de Gobernación respondió que actualmente dos sindicatos se disputan la titularidad de lo que queda de la organización sindical del puerto de Veracruz.

Añadió el Fondo de bienes propiedad del sindicato es conformado por dos inmuebles y un terreno ubicado en la zona norte de la ciudad de Veracruz. Dos de las propiedades están embargadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la ciudad portuaria.

"En el Fondo están tres bienes que son propiedad del sindicato: uno es un edificio que está embargado por el SAT, que entiendo lo ocupa uno de los grupos; el otro es un edificio de menor superficie que está ocupado por el segundo de los grupos, y hay un predio baldío en una zona que se conoce en Veracruz como El Campanario, ese no está en posesión de nadie, tengo entendido que ese también está embargado por el SAT", explicó el secretario de Gobernación durante la conferencia Mañanera.

Sin embargo, el embargo y la pugna sindical no es el único problema que retrasa la solución a este conflicto. También se enfrentan a que ya falleció casi la mitad de los sindicalistas originarios.

El secretario de Gobernación informó que, aunque existen personas que buscan obtener los beneficios de estos sindicalistas muertos, estos no han podido comprobar que sean los legítimos herederos.

"Hay un problema: el 43 por ciento de los sindicalistas originarios ya fallecieron y no han podido acreditar los diferentes sucesores que sean ellos los legítimos herederos de ese de ese derecho y eso seguramente retrasará la solución", explicó,

De la misma forma, Adán Augusto López aclaró que el Sindicato de Maniobristas no tiene actualmente ningún contrato para la descarga de barcos en el puerto de Veracruz, así como para el movimiento de contenedores.

A partir de la privatización del puerto y la requisa, son las empresas privadas quienes se encargan de prestar este tipo de trabajos al puerto de Veracruz.

"No tiene el Sindicato de Maniobristas ningún contrato para descarga de los barcos o de los contenedores que llegan porque a raíz de la requisa se desapareció la fuente de trabajo y crearon una serie de empresas que son las que ahora están prestando ese trabajo", recordó el secretario de Gobernación.

La medida que podría llevar a una solución es tratar la diferencia entre ambos sindicatos a través de un centro de conciliación laboral para que sean los trabajadores quienes decidan quién ostenta la titularidad y beneficios que aún quedan del Sindicato de Maniobristas.

"Yo lo que sostengo, me he reunido con algunos de los grupos, es que a través del centro de conciliación laboral se trate de reencausar y se dirima la diferencia, y que sean los propios trabajadores quienes este decidan quien ostenta la titularidad del contrato".

La privatización del puerto de Veracruz se llevó a cabo en 1991, cuando el gobierno de Carlos Salinas De Gortari decidió otorgar la concesión de la terminal marítima a un consorcio empresarial integrado por compañías mexicanas y extranjeras. La medida fue ampliamente criticada por diversos sectores, que argumentaron que la privatización del puerto ponía en riesgo la soberanía del país y abría la puerta a la explotación de los recursos naturales.

Como parte de la privatización del puerto de Veracruz, también se llevó a cabo una requisa de las instalaciones portuarias. Esta medida implicó la intervención de fuerzas armadas para tomar el control de las operaciones portuarias, lo que generó un fuerte rechazo entre los trabajadores del puerto y su sindicato. Los maniobristas, en particular, denunciaron que la requisa violaba sus derechos laborales y ponía en riesgo su seguridad en el trabajo.

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