Destituyen a magistrado de Boca del Río por soltar delincuentes

Boca del Río Ver. | 2022-11-01

El magistrado en Boca del Río fue destituido de su cargo

Un magistrado en Boca del Río fue destituido de su cargo, esto por parte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) esto tras estar acusado de presuntamente otorgar amparos que dejaban libres a presuntos delincuentes.

Se trata del magistrado José Octavio Rodarte Ibarra, quien era integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito con residencia en Boca del Río.

La destitución de su cargo se realizó tras las críticas que recibió por parte del gobierno de Veracruz, así como del Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, quien lo acusaron de dar amparos a presuntos delincuentes y obtener su liberación.

Por lo que el Consejo de la Judicatura Federal designó a la magistrada María Elena Leguízamo Ferrer como nueva integrante del Segundo Colegiado Penal, esto tras ser parte del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal procedente de Toluca, Estado de México.

ÚLTIMO CASO DEL MAGISTRADO JOSÉ OCTAVIO RODARTE IBARRA

Cabe recordar que el pasado 4 de octubre, el gobierno de Veracruz habría reprochado el actuar de los magistrados José Octavio Rodarte Ibarra, así como de Suero Ávila, Soto Martínez, así como a otros jueces federales de otorgar una liberación por medio de un amparo.

Esta liberación se le otorgó a la exdiputada federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Azúcense Rodríguez Zamora, quien estaba vinculada por el homicidio del político de Tihuatlán, Nicanor Martínez Holguín.

Así como el pasado 06 de octubre, durante una conferencia mañanera, el Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, indicó que el colegiado ratificó un amparo a favor de Casto Emilio N, Roberto Trinidad N y Ana Laura N, quienes eran investigados por su participación en el homicidio del periodista veracruzano, Jacinto Romero.

El funcionario federal habría argumentado que se trataba como un “modus operandi” para amparar a supuestos criminales en la entidad, situación que llevó a la investigación de los amparos que habría otorgado en magistrado José Octavio Rodarte Ibarra.


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