Contraloría de Veracruz oculta nombres de funcionarios denunciados por corrupción

Xalapa | 2022-03-11 | Alejandro García

La Contraloría General del Estado, a cargo de Mercedes Santoyo Domínguez, ha decidido clasificar como información confidencial el nombre de todos aquellos servidores y exservidores públicos que hayan sido denunciados por faltas administrativas o actos de corrupción, como abuso de funciones, cohecho o tráfico de influencias en la administración morenista.

El pasado 22 de octubre se llevó a cabo la décimo novena sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de Acceso a la Información para tomar la determinación de clasificar los nombres, edad y sexo de aquellos servidores públicos que hubieran cometido una falta entre el periodo de febrero de 2020 y septiembre de 2021.

Si bien, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información estaría plenamente justificado ocultar datos como sexo y edad, en el caso de los nombres no, pues se trata de un dato público y más cuando estuviera relacionado con un hecho de corrupción.

En dicha sesión de octubre, el Comité de Transparencia de la Contraloría General integrado por la secretaria técnica, Rocío Sigala Aguilar; Miguel Montoya Barradas, director general de Fiscalización, y Juan Martínez Franco, titular de la Unidad de Transparencia, resolvieron negar entregar dichos datos que fueron solicitados por un ciudadano.

A la par, aprovecharon para clasificarlos como información confidencial junto con el de personas físicas o morales que pudieran haberse visto involucradas en la posible comisión de un hecho de corrupción o falta administrativa.

Un ciudadano requirió datos como el número de denuncias interpuestas por hechos de corrupción o faltas administrativas.

De igual forma, pidió desglosar si los procesos fueron abiertos por incumplir con las funciones, por no denunciar actos u omisiones que puedan constituir faltas administrativas, no atender instrucciones de sus superiores, no rendir cuentas, causar daños y perjuicios de manera culposa o negligente a la Hacienda Pública o al Patrimonio del Estado, cohecho, peculado, abuso de funciones o tráfico de influencias entre otras.