Veracruz | 2020-04-03 | Silverio Quevedo
Poco a poco y de manera paralela va saliendo a la luz pública la cloaca que prevalecía en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y que se detonó a raíz de que el Congreso local nombró una nueva comisionada, hecho que trajo la aprehensión de la ex presidenta y la renuncia de los otros dos restantes.
Y es que por un lado está el caso de la ex titular, quien apenas este jueves en los Juzgados de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Pacho Viejo, Veracruz, tuvo una audiencia, luego de que el pasado 27 de marzo solicitara la duplicidad del término constitucional.
Sin embargo, no le fue muy bien a la acusada ya que el personal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción obtuvo la vinculación a proceso por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y coalición.
De igual forma se obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, esto a pesar de que la defensa de Yolli “N” solicitó en reiteradas ocasiones la revisión de la misma, sin que el Juez de la causa penal accediera a la petición, por existir elementos suficientes en la carpeta de investigación para mantenerla.
Por último, el Juez dictó el término de 3 meses para realizar la investigación complementaria.
Pero de manera paralela surgen nuevos “enjuagues” en donde también salen salpicados Rubén Mendoza y Arturo Mariscal a quienes también se les podría estar fincando un delito en los días por venir.
Y es que en los primeros reportes que han brotado de un despacho externo que se encargó de encuadrar la entrega-recepción se observan que por ejemplo hubo un excedente de un millón de pesos en el ejercicio fiscal del 2019 que todo indica fue repartido entre las cuentas bancarias de los comisionados.
Otro dato, según el expediente que se ha empezado a armar, es que el año pasado se erogaron tres millones de pesos por concepto de viáticos y no hay facturas suficientes que soporten dicha cantidad.
Por supuesto el tema de los sueldos también llama la atención pues nadie en el IVAI conocía la austeridad republicana empezando por los comisionados que devengaban un salario de 120 mil pesos mensuales.
Además crearon otros puestos como una dirección de Comunicación Social cuyo titular erogaba 50 mil pesos mensuales y según las versiones, únicamente se encargaba de subir boletines a las redes sociales.
Otro asunto fue el edificio por el que pagaban una renta de 120 mil pesos mensuales y las condiciones del inmueble eran deplorables, sobre todo en su interior donde se acusaba una gran falta de mantenimiento.
De manera que hay varios capítulos por escribir de este organismo autónomo que fue saqueado y usado a la conveniencia de los comisionados que deben estar poniendo sus “barbas a remojar”.
MUY EN CORTO
LAS 3 ARISTAS INMEDIATAS. Ante la contingencia del coronavirus en la entidad, y por los antecedentes de enero del 2017, al igual que algunos otros puntos del país, es el saqueo a tiendas de autoservicio, como ocurrió con los supers Chedraui y Soriana, principalmente, en la conurbación Veracruz-Boca del Río.
El gobierno del Estado y ahora en coordinación con fuerzas federales se mantienen en alerta permanente para frenar cualquier acto de rapiña por parte del colectivo social. En repetidas ocasiones, incluso, han advertido de las penas de prisión para quienes incurran en este delito, y se busca ya a los responsables de alentar al saqueo promovido a través de las redes.
Al fin, y por otro lado, el Gobierno del Estado, tuvo que tomar cartas en el asunto, ante el tema de las playas, planeando así su cierre para el periodo vacacional establecido a partir del 6 y hasta el 17 de abril.
No sin antes el deslinde de la autoridad municipal al menos en Veracruz puerto encabezada por Fernando Yunes, el gobierno estatal ha dicho que el Plan de Protección Civil para ese periodo se ha modificado a fin de convertirlo ahora en brigadas y acciones que contengan a los visitantes que pretendan divertirse y aglomerarse en litorales de la entidad principalmente en los sitios turísticos de mayor atractivo.
Y en tercer término, pero de mayor importancia para estos momentos de emergencia en Salud, es el abasto o distribución de los insumos, equipos y elementos de todo tipo, necesarios para el personal médico y de enfermería en el sistema hospitalario de la entidad, pues las quejas siguen ante el desabasto.
Del Hospital de Tarimoya, el Hospital General e incluso del IMSS en la Unidad Díaz Mirón, es de donde se ha denunciado la mayor carencia. Por eso, se instalaron módulos de acopio para recibir equipo de donación, principalmente líquidos desinfectantes, cubrebocas y piden apoyos para gel antibacterial, jabón y otros elementos necesarios para protección durante el manejo de pacientes con posible contagio.
Si bien el gobierno, en este caso el estatal de la mano de la Federación, no puede descuidar la parte económica que es importante para amortizar el impacto por la parálisis casi total de la actividad productiva, cierto que también hay estos puntos prioritarios como los arriba descritos que no deben soslayarse de la agenda oficial.