Veracruz | 2020-03-21 | Silverio Quevedo
Aunque a los representantes de la Cuatro T se les ha acusado de no tener oficio político lo cierto es que contra corriente o contra esos pronósticos, han ido sacudiendo las herencias que les dejó el duartismo y el yunismo.
Así, por ejemplo en septiembre del año pasado la Comisión Permanente del Congreso local con mayoría de Morena logró destituir temporalmente al fiscal de Justicia, Jorge Winckler Ortiz, quien a la postre terminó siendo prófugo de la justicia por diversos delitos entre ellos el de tortura.
Una jugada de dos bandas que también arrastró al ex fiscal anticorrupcion, Marcos Even Torres, quien abandonó el cargo el mismo día de la destitución de Winckler ya que le habían girado un par de órdenes de aprehensión, una federal y una estatal.
También la 4 T terminó con las aspiraciones de reelección de los titulares del ORFIS, Lorenzo Portilla Vázquez y del Tribunal Superior de Justicia, Edel Alvarez Peña, a quienes primero arropó e hizo que se sintieran confiados y después apretó a través de un funcionario del gabinete estatal, de quien mucho se dice, pero que según los resultados de limpia ha sabido manejar el pandero.
Ahora la justicia parece ir sobre la Comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) Yolli García Alvarez quien busca el amparo de la justicia federal por la suspensión temporal de sus funciones que le fue impuesta por una investigación relacionada con su patrimonio.
De inicio, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz le negó la suspensión provisional, con lo que la servidora pública pretendía revertir o dejar sin efecto la medida cautelar que impuso el Órgano Interno de Control del IVAI.
El hecho además de lo jurídico o legal, es el quebrantamiento de las normas institucionales sino el asunto resalta más porque una servidora que debe cuidar precisamente la transparencia en la función pública ha trasgredido la esfera moral y de ética.
Yolli García Alvarez concluye su periodo para el que fue electa como comisionada del IVAI por un periodo de seis años, el próximo 25 de marzo. Y participa en el proceso de selección actual para ser consejera del Instituto Nacional Electoral (INE).
De acuerdo con el expediente 185/2020, la comisionada habría sido notificada hace un par de días -de manera personal- del acuerdo en el que le niegan la suspensión provisional del amparo que interpuso desde el pasado 13 de marzo.
Ahí mismo se indica que los actos reclamados son: “La imposición de la medida cautelar consistente en la suspensión temporal como servidora que venía desempeñándose como consejera del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”.
Además del expediente se desprende que fijaron dos fechas de audiencia, el 30 de marzo y 27 de abril, para analizar de fondo la demanda de amparo.
La medida cautelar de suspensión temporal de la función pública fue impuesta porque se negó a entregar su declaración patrimonial bajo la excusa que ya la había presentado ante el Congreso del Estado.
En la investigación previa, las autoridades correspondientes detectaron al menos cinco propiedades a su nombre adquiridas durante el periodo de comisionada del IVAI: una casa y tres terrenos en la localidad La Orduña, en el municipio de Coatepec; y otra casa en el estado de Baja California Sur.
MUY EN CORTO
LO QUE OCULTÓ
Sobre la investigación interna que se le hizo a la titular del IVAI, Yollis García y que decidió ocultar como su patrimonio por lo que ha sido sancionada, el periodista Raymundo Jiménez en Espejo de Poder da cuenta de estos inmuebles en forma detallada:
“En una investigación interna, se detectó que en agosto del 2019, presuntamente la consejera del IVAI compró la casa marcada con el número 7 de la calle Liquidámbar en Residencial La Orduña, en Coatepec.
Al mismo tiempo, en ese municipio adquirió los lotes 3 y 4 de la Manzana 8 de la calle Eucalipto esquina Fresno Parque San Andrés; y uno más en la Privada del Ajonjolí en Camino a La Orduña.
En su patrimonio figura también una casa que compró en La Paz, Baja California Sur, en diciembre de 2014, unos meses después de su llegada al Consejo General del IVAI, cuya operación quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad de ese estado, en el instrumento 435 vol. 289.
En esa entidad posee cuando menos otra residencia desde el 2009, inscrita en el instrumento 994 vol. 312.”
Cabe destacar que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió esta misma semana el Acuerdo General 4/2020, en el que establecieron que se suspenden labores en los órganos jurisdiccionales hasta el 19 de abril y solo dejarán guardias para la atención de asuntos urgentes.
De tal forma que la solicitud de apegarse a los beneficios de la Ley si es que es procedente para la ex titular estará en veremos.