Veracruz | 2022-02-14 | Raymundo Jiménez
En octubre del año pasado, el presidente López Obrador abordó en una de sus conferencias de prensa el espinoso tema de los proyectos de prestación de servicios (PPS), un tipo de asociación público-privada (APP) que según datos de la Secretaría de Hacienda actualmente tiene comprometidos 56 mil 655 millones de pesos de las participaciones federales de estados y municipios.
“Hay gobiernos que tienen que pagar las APP, que tienen que estar pagando de las participaciones. (...) Los hospitales, por ejemplo, el hospital de Ixtapaluca, el hospital de Zumpango, esos se deben de estar llevando 300, 400 millones (de pesos) al año”, dijo el mandatario hace cuatro meses.
Los datos más actualizados de la Secretaría de Hacienda muestran que de los proyectos en que hay un “saldo por pagar de la inversión” solo 15 fueron contratados directamente por los gobiernos estatales de Puebla, Tamaulipas, Durango, Ciudad de México, Estado de México, Yucatán, Nuevo León y Baja California. El resto fueron adquiridos por otras autoridades, como las judiciales y ayuntamientos que ataron sus finanzas hasta por 30 años a una firma privada.
Un caso grave es el de Veracruz, donde más extendida se encuentra la contratación de PPS, sobre todo entre municipios que adquirieron alumbrado y “aplicación de tecnologías en servicios públicos” bajo contratos de 12 a 25 años con la firma NL Technologies S A de CV, de Nuevo León. Tan sólo en Chiconquiaco, un municipio cercano a Xalapa que tiene a 90 por ciento de su población en pobreza, el saldo por pagar (25 millones de pesos) es 314.87 por ciento superior al monto de inversión (6 millones de pesos).
¿Alguien recuerda cómo se dio este atraco a los ayuntamientos? La maniobra inició a finales de 2017, cuando casualmente el diputado local por Pánuco, Rodrigo García Escalante, que en 2016 había obtenido la curul por el PVEM terminó sumándose a la bancada mayoritaria del PAN, cuyo coordinador Sergio Hernández lo promovió como presidente de la Comisión de Hacienda Municipal en sustitución del legislador priista de Perote, Carlos Antonio Morales Guevara.
Coincidentemente correspondió al hijo del excontralorduartista Ricardo García Guzmán impulsar las concesiones del alumbrado público que en la LXIV Legislatura del estado pretendieron aprobar fast-track en diciembre de 2017 a las primeras 14 administraciones municipales salientes que sin licitación pública se pretendían asignar por 10, 12 y hasta 15 años a la firma regiomontana NL Technologies S.A. de C.V. –cuyo representante legal era Carlos Manuel Knight Crespo, sobrino del exdelegado de la SCT en Veracruz y luego representante de esa misma dependencia federal en el estado de Tamaulipas, William David Knight Bonifacio, suegro del entonces senador panista Roberto Gil Zuarth– y a otra sospechosa empresa “espejo” denominada A.C. Tecnology, S.A. de C.V., poniendo al descubierto el desaseo y el choque de intereses que motivó la renuncia de Cuauhtémoc Pola Estrada, exdiputado de Movimiento Ciudadano que se desempeñaba como secretario de Fiscalización del Congreso, el cual se negó a firmar las cédulas que conformaban los expedientes para la aprobación de los contratos entre los ayuntamientos y los concesionarios, siendo reemplazado casualmente por un excolaborador incondicional del padre de García Escalante.