Coatzacoalcos | 2024-08-15
La videovigilancia es el gran pendiente que dejará Cuitláhuac García Jiménez a su sucesora Rocío Nahle García en Veracruz, aunque éste data de casi ocho años sin haberse resuelto tras un presunto daño patrimonial en el periodo de Miguel Ángel Yunes Linares.
Fue el 22 de octubre de 2017 cuando Yunes Linares anunció la instalación de 6 mil 476 cámaras de videovigilancia para ayudar en las tareas de inteligencia policiaca a fin de reforzar la seguridad de la población.
Para ello, el entonces gobernador panista reveló que las cámaras se instalarían en seis regiones: Pánuco con 404 cámaras; Poza Rica, mil 136; Xalapa, 2 mil 052; Veracruz, mil 900; Córdoba, 700, y Coatzacoalcos, mil 084; todas dentro una extensión de más de 21 mil 594 kilómetros cuadrados de territorio.
En total, la inversión federal fue de mil 100 millones de pesos, sin embargo, al asumir Cuitláhuac García Jiménez la gubernatura en diciembre de 2018 se detectó que no todas funcionaban, incluso en la cuenta pública 2018 el Órgano de Fiscalización Superior (Ofis) detectó un presunto daño patrimonial por lo que denunció en junio 2019 estos hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR), ante las supuestas irregularidades con la contratación del Sistema Estatal de Videovigilancia de Veracruz durante 2017 y 2018.
Al momento de la denuncia restaban por instalar 275 cámaras por parte de la empresa Comtelsat, por lo que al realizarse el reporte se detectó que 4 mil 354 no funcionaban, es decir, el 72%.
Dicho reporte derivado de las solicitudes el Orfis confirmó que de las mil 228 instaladas en Xalapa, funcionaban 339; de las 120 que hay en Poza Rica sólo servían 10 y en Coatzacoalcos de las 990 que se colocaron sólo operaban 62.
En Pánuco de las 380 instaladas servían 88 cámaras, mientras que en Veracruz Puerto se colocaron mil 631 pero sólo mil 196 estaban activas.
A través de un documento el Consejo de la Judicatura Federal confirmó que tras la investigación al Sistema Estatal de Videovigilancia de Veracruz se generó un daño patrimonial de 349 millones de pesos, siendo hasta enero de 2022 cuando la FGR solicitó una audiencia para imputar al jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el bienio yunista, Guillermo ´N´.
Fue hasta julio del 2022 cuando el juez lo vinculó a proceso y al concluirse la investigación la FGR presentó cargos formales contra Guillermo ´N´, pese a que se programó una audiencia para el 12 de marzo de 2024, nunca se llevó a cabo.
Incluso, en enero de 2024 García Jiménez añadió que luego de negociaciones entre Comtelsat y el Gobierno Estatal, la empresa instaló el 40% de las cámaras, además éste acusó públicamente al juez federal Gustavo Stivalet Sedas de no vincular a proceso a Miguel Ángel Yunes Linares y varios de los exfuncionarios relacionados al Sistema Estatal de Videovigilancia.
Entre las sanciones destacan los 694 millones de pesos que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Triajev) ordenó pagar a exfuncionarios del bienio yunista ante el presunto daño patrimonial.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación observó un presunto daño patrimonial por 350 millones de pesos, por lo que de ordenarse este saldo, los exfuncionarios yunistas deberían pagar mil 44 millones de pesos a los erarios estatal y federal.
Así mismo, el Trijaev inhabilitó por 20 años del servicio público al extitular de la SSP, Jaime Téllez Marié, así como a Juan Carlos Saldaña Morán, Guillermo Moreno Sentiés y Cuauhtémoc Santos Álvarez.
Al terminar el sexenio de Cuitláhuac García Jiménez, Rocío Nahle recibirá sólo 2 mil 590 cámaras instaladas tras los acuerdos que el actual gobernador estableció con Comtelsat, mientras la denuncia sigue en curso para la devolución de recurso, algo que la gobernadora electa se comprometió a revisar.