Coatzacoalcos Ver. | 2023-08-04
Ejidatarios de Jáltipan denunciaron públicamente la corrupción que impera en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 40, en San Andrés Tuxtla; y la sede de la Procuraduría Agraria en Acayucan, por negarse a ejecutar la sentencia del juicio agrario 744/2002 para la devolución de más de mil hectáreas de uso común en posesión de particulares.
En representación de los 66 ejidatarios afectados, Vidal Morales Morales, Jesús Martínez Jáuregui, Fabio Rodríguez Domínguez y Gabino Domínguez Dionisio, se entrevistaron con el director general de Diario del Istmo, el Capitán Héctor Robles Barajas, a quien expusieron el despojo del cual fueron víctimas.
De acuerdo a los asistentes, el Ejido Jáltipan se conformó en 1942, que constaba de 3 mil 126 hectárreas, de las cuales 230 fueron parceladas para ejidatarios y mil 50 quedaron para uso común, siendo en 1950 cuando por decisión de la asamblea del comisariado ejidal se pusieron en arrendamiento, sin embargo, desde el 19 de octubre de 1960 no son devueltas a sus propietarios.
“Nos sacaron a la fuerza, nos quitaron los ranchos y nos desalojaron”, señaló uno de los inconformes, quien afirmó que tras leer en Diario del Istmo el problema de los ejidatarios del ejido Palma Sola, que llegó a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, decidieron venir a esta casa editorial para que su causa también sea expuesta ante el presidente de México.
Sería hasta 2002 cuando los ejidatarios lograron que se realizara el juicio agrario 744/2002, cuya sentencia fue a favor de ellos, sin embargo, cuando están a punto de que se devuelvan los predios, los jueces y magistrados son cambiados tanto en el Tribunal Unitario. Agrario del Distrito 40 como en la Procuraduría Agraria.
La resolución consiste en que deben destinarse ocho hectáreas a cada uno de los 66 ejidatarios, pero uno de los requisitos es tener quórum legal para las asambleas, sin embargo, la mayoría de éstos fallecieron, de lo cual, presuntamente, se han valido las autoridades agrarias para no ejecutar el juicio agrario.