Coatzacoalcos | 2020-06-11 | Heder López Cabrera
Ceder la Planta de Tratamiento de Agua y Tratamiento Químico (PTA) a otra empresa representará un grave problema de ecocidio para Pro Agroindustrias al hacerles modificaciones que incumplen con las normas oficiales para este proceso, reveló Emmanuel Peña Sánchez, miembro del Consejo de Administración de OPCO Soluciones, con quien Pemex Fertilizantes tiene un adeudo de casi 300 millones de pesos.
“Las adaptaciones que le hicieron no cumplen con las normas oficiales para el tratamiento de aguas, lo que sí estamos viendo es que en el momento en que vuelvan a entrar a operaciones, pues, un problema de ecocidio muy grande en nuestro río (Coatzacoalcos) y obviamente un problema de salud pública muy grande”, señaló vía telefónica Peña Sánchez.
Es preciso mencionar que en la edición del sábado pasado, Diario del Istmo documentó una denuncia anónima de trabajadores presuntamente despedidos de forma injustificada de Pro Agroindustria, empresa operada por la subsidiaria Pemex Fertilizantes, agregando que la PTA es operada por otra empresa, que en los procesos desperdiciaba bastante agua.
“Precisamente eso fue la base de tomar la decisión, de que independientemente de que tuviéramos un problema que se veía venir en los juzgados, (no queríamos) que se hiciera afectación a la salud pública y a la propia inversión realizada en la planta… (estando nosotros ahí, Pemex Fertilizantes) empezó con adaptaciones de otra empresa”, refirió el miembro de OPCO Soluciones.
La PTA se construyó a finales de 2016 con una inversión de 220 millones de pesos y se entregó produciendo en 2017, pero a consecuencia del desabasto de gas, la planta paró en los primeros meses de 2018, por lo que OPCO Soluciones dejó de recibir 70 millones de pesos por parte de Pro Agroindustria, esto motivó a interponer un proceso judicial en agosto de 2019 ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil, bajo el expediente 313/2019, tiempo del cual Pro Agroindustria recibió 33 notificaciones sin dar una respuesta de su negativa de pago.
“Cómo es que podemos estar hablando de un Corredor Interoceánico y sobre un Plan Nacional de Desarrollo que reactive el sureste del país, si la base de la inversión realizada en este momento no tiene una seguridad jurídica, ni una seguridad de operación… Cómo es que toman decisiones de una doble inversión con el mismo rubro”, puntualizó Emmanuel Sánchez, al añadir que se afecta a 30 trabajadores del consorcio formado por OPC y Copesa.