Exponen a policías estatales por agresión a reportero en municipio del sur de Veracruz

Un nuevo caso de abuso de autoridad e intimidación hacia la prensa ha encendido las alarmas en el sur de Veracruz. La tarde del lunes, reporteros que cubrían un operativo policial en un domicilio particular, ubicado en la esquina de las calles Hernández y Hernández con Altamirano, fueron amenazados por un elemento de la Policía Estatal identificado como "Oficial Ortega".

Según el testimonio de los comunicadores presentes, el oficial se acercó directamente a ellos mientras documentaban el presunto ingreso ilegal de uniformados y personas encapuchadas al interior de una vivienda. Ortega les advirtió que procederían legalmente en su contra si mencionaban que los policías estaban incurriendo en alguna acción indebida.

Para reforzar sus amenazas, ordenó al conductor de una patrulla que encendiera una "consola" para grabar los comentarios de los reporteros, advirtiendo que esa grabación bastaría como prueba para iniciar acciones legales.

Los periodistas se encontraban en el lugar debido a que una ciudadana había solicitado ayuda, denunciando que varios policías estatales, acompañados de civiles armados, intentaban irrumpir en su domicilio sin contar con una orden de cateo.

La mujer expresó su temor de que los uniformados "sembraran" pruebas contra su esposo, quien horas antes había sido víctima de un ataque armado por parte de sujetos desconocidos.

Este incidente no es un caso aislado. En meses recientes, hechos similares se han registrado en municipios del sur del estado. En Catemaco, por ejemplo, tras un ataque a balazos contra una vivienda, elementos estatales detuvieron a miembros de la familia afectada, acusándolos sin pruebas de vínculos con el crimen organizado.

Organizaciones de derechos humanos y colectivos de periodistas han condenado estas prácticas reiteradas, señalando que además de violentar el derecho a la información, reflejan una preocupante tendencia de criminalizar a las víctimas y de impedir la labor periodística en contextos donde la transparencia y el actuar legal de las fuerzas del orden deberían estar garantizados.

Ante los hechos, se exige una investigación inmediata y sanciones para los elementos que agredieron e intimidaron a la prensa, así como una revisión profunda de los procedimientos policiales en operativos de alto riesgo. La libertad de expresión no puede ni debe ser silenciada por el miedo ni por el uso desmedido de la autoridad.