Policiaca
'Chivos expiatorios' de Yunes en Veracruz, sin justicia
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“Estamos cansadas de las injusticias. Pero jamás vamos a estar cansadas de luchar por la libertad de nuestros familiares”, exclamó una joven que exige justicia por las 35 personas que están detenidas desde hace casi cuatro años, por presunto secuestro, pero la Fiscalía General del Estado (FGE) no les ha comprobado ese delito, y por lo tanto, no les dictan la sentencia condenatoria.
Hace un mes, durante la última audiencia que tuvieron, la FGE pidió un año más de prisión preventiva en contra de seis de ellos, pero mientras reúne las pruebas contundentes de lo que imputa, los familiares de los detenidos aseguraron que el caso de los "35" envuelve inconsistencias, irregularidades y hasta un show mediático orquestado por el entonces gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares.
La señora Mirna Lulú Rivera declaró que su hijo Alexander S.R. de 24 años de edad, trabajaba como taxista cuando fue “levantado”, el 31 de diciembre del 2016, por elementos de la Fuerza Civil sin justificación alguna u orden de aprehensión.
El operativo fue simultáneo en diferentes calles de la colonia Arroyo del Mollejón. A otros los detuvieron mientras transitaban en la vía pública o ejercían actividades comerciales.
Los detenidos estuvieron retenidos, aislados y sin comunicación, durante 12 horas y cuando los presentaron en la Unidad Integral de Procuración de Justicia (UIPJ) de la FGE, presentaban golpes y heridas en diferentes partes de sus cuerpos.
Al principio lo acusaron de robo de combustible, después por privación de la libertad, pero a casi cuatro años, la FGE los incrimina de secuestro, pero hasta el momento no ha presentado las pruebas y tampoco los testimonios que ratifiquen esas acusaciones de secuestro en contra de un albañil y un elemento de la Fuerza Civil.
Mientras tanto, la señora Adriana Monserrat Macías declaró que su esposo Joel Obed R. G. cumplirá cuatro años de estar recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Poza Rica pero hasta el momento no le han podido comprobar los delitos que le imputa la Fiscalía General del Estado.
Las autoridades ministeriales se han negado a realizar la recreación de los hechos, las supuestas víctimas tampoco se han presentado a declarar, a los familiares no les informan sobre las fechas de las audiencias y los datos de los domicilios integrados por la fiscalía no existen, por lo que sospechan que ese caso fue “sembrado” en contra de las personas detenidas.
Mientras les “fabrican”, el pasado viernes 3 de julio, dentro de la sala de juicios orales, la juez Luz Arely Ahumada Aguirre ordenó ampliar la prisión preventiva oficiosa contra seis de los acusados por el delito de secuestro. De los 35 detenidos, solo a dos, Diana Leydi G. G. y Leopoldo G. C. fueron condenados a 50 años de prisión por secuestro.
Por esa situación, los familiares exigen que la FGE aplique la justicia y determine la situación jurídica de las 35 personas que permanecen en el reclusorio de Poza Rica.
