Huachicol fiscal: Este es el funcionario vinculado a buque de EU con diésel ilegal

Francisco Javier Antonio Martínez, actual director de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Tampico, ha sido vinculado a una red de contrabando de combustible ilegal, conocida como "huachicol fiscal", tras el decomiso de un megabuque proveniente de Estados Unidos con millones de litros de diésel no declarado.

Martínez, quien inició su carrera como taquero y posteriormente operó una taquería y un taller mecánico en Atizapán, Estado de México, ingresó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2013.

Desde entonces, ha ocupado diversos cargos, incluyendo administrador de la aduana de Matamoros y jefe de departamento de Recintos Fiscalizados en la Agencia Nacional de Aduanas de México. En marzo de 2024, asumió su actual posición en la ASIPONA Tampico.

Investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelaron que Martínez es socio en la empresa Belure con Ricardo Ayón Rodríguez y Ramiro Rocha Alvarado, accionistas de Intanza, la compañía señalada por importar el combustible ilegal desde Estados Unidos. Cabe destacar que Martínez no reportó su participación en Belure en su declaración patrimonial.

El 31 de marzo de 2025, el SAT suspendió a Intanza del padrón de importadores, y ese mismo día, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció el decomiso de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Altamira, Tamaulipas.

A pesar de estos hechos, Martínez no ha sido removido de su cargo y continúa desempeñando funciones públicas.

La operación de contrabando consistía en permitir el arribo de buques con diésel procedente de Estados Unidos sin el pago de impuestos, haciendo pasar el combustible como aceites u otros aditivos para evitar controles, y cargando de forma clandestina el diésel a pipas para su distribución en territorio mexicano.

Este caso pone en evidencia las posibles complicidades dentro de las instituciones encargadas de la supervisión y control aduanero, y resalta la necesidad de una revisión exhaustiva de los mecanismos de fiscalización y transparencia en el manejo de los recursos energéticos del país.