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Remoción en el TSJEV fue legal; jueces piden al Orfis auditorías
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De acuerdo con la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Concepción Flores Saviaga, no se está violentando ningún derecho laboral o humano de la expresidenta del Poder Judicial, Sofía Martínez Huerta, pues insistió en que cometió faltas graves y por ello se determinó la revocación de su nombramiento.
“Nosotros en Pleno, haciendo valer y rindiendo los informes a todos y cada uno de los integrantes del pleno, con las pruebas que fueron violentados tres acuerdos del mismo pleno y las normas constitucionales, por eso se determinó la revocación del mandato”, dijo.
En conferencia de prensa en el centro de Xalapa, insistió en que el Pleno tiene facultades para nombrar presidenta, como fue nombrada ella el 12 de diciembre, así como para suspender, sustituir y revocar el mandato.
“Es una función administrativa la representación del Poder Judicial y no se violenta ningún derecho laboral ni humano de la señora Sofía y esa es la razón por la que vengo a manifestarles, porque no podíamos permitir que en la casa de la justicia se obstruya la justicia y eso ha sucedido en este caso y no podemos permitirlo lo que estamos encargados”, añadió.
Detalló que no pueden estar a expensas ni caprichos de la gente por lo que debían actuar y agregó que ahora se han realizado dos plenos para poner orden en el Poder Judicial del Estado.
Refirió que aunque la expresidenta está impugnando el procedimiento por el que fue retirada del cargo a través de un amparo, le fue negado “precisamente porque no se le está violentando ningún derecho laboral ni humano”.
Además, afirmó que lo que ella alega es que no estaba legalmente integrado el Pleno cuando esto es falso, dado que no hubo ninguna revocación de ningún presidente de sala.
Abundó que el Pleno determinó que otra de las omisiones en las que pudo haber incurrido la expresidenta Martínez Huerta fue el no denunciar las presuntas irregularidades cometidas en la administración anterior de Edel Álvarez Peña.
"Lo que se le imputa también es la falta y lo omisión de no haber hecho las denuncias al período anterior de administración, eso también es grave porque se considera que su propuesta y su apoyo de que llegó se considera viciado porque alguien la propició de que no hiciera las denuncias (...), se analizó que habiendo mandado hacer las auditorías, no procedió a hacer las denuncias. En eso estamos trabajando también", indicó.
En ese sentido adelantó que están pidiendo las auditorías que llevó a cabo Sofía Martínez para poder determinar si hubo o no irregularidades en la gestión de Álvarez Peña.
Además remarcó que continúa la evaluación por parte de la Contraloría interna para conocer si van a tener recursos suficientes para el pago de aguinaldos y prestaciones de fin de año para los trabajadores.
La expresidenta habría utilizado 60 millones de pesos del presupuesto anual para fines de los que no tienen conocimiento.
"Eso es lo que estamos revisando y tenemos que verlo. El Pleno se comprometió a verificar todas las cuestiones administrativas, independientemente de la participación del Consejo de la Judicatura", destacó.
