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Promueve CEDH acción de inconstitucionalidad contra delito de ultrajes a la autoridad
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Desde el pasado 19 de abril, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se sumó a diputados del Congreso de Veracruz para promover una acción de inconstitucionalidad en contra del delito de ultrajes de la autoridad.
Actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la demanda 59/2021 y su acumulada 66/2021 en contra de la reforma que hizo el Congreso del Estado al Código Penal del Estado.
Los legisladores, así como la presidenta del organismo Namiko Matzumoto Benítez reclaman la invalidez del decreto 848 publicado en la Gaceta Oficial del Estado el día 11 de marzo de 2021.
Debido a la importancia de este asunto, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la SCJN, recibió las demandas de acción de inconstitucionalidad.
La Comisión pidió la declaración de invalidez de la reforma sobre el delito de ultrajes a la autoridad en lo referente a la fracción segunda del artículo 222 bis; las fracciones 1, 2 y 4 del artículo 331, la fracción segunda del artículo 371 y el artículo 371 quinquies del Código Penal del estado de Veracruz.
Apenas el 4 de abril, legisladores de la oposición reunieron 18 firmas para promover una Acción de Inconstitucionalidad en contra de la reforma del Código Penal.
El delito de ultrajes ya era vigente y establecía la imposición de “seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”.
No obstante, con la reforma ahora se añaden supuestos que posibilitan el uso arbitrario de este tipo penal, según los legisladores inconformes.
El pasado 11 de marzo el Congreso, con mayoría morenista, reformó el artículo 331, que establece que se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de diez a cuarenta veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.
El Código establece que se le aplicará al responsable de este delito, además de las sanciones anteriores, de cinco a siete años de prisión, cuando se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos; se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima; que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada
Además, la sanción aplica cuando se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja.
Cabe señalar que desde el 2020 la Fiscalía General del Estado (FGE), con Verónica Hernández Giadáns como titular, ha incrementado en más del 50 por ciento las detenciones de personas a las que se les acusó del delito de ultrajes a la autoridad respecto a ejercicios anteriores.
En fechas recientes, tras la detención y vinculación a proceso por este delito de exfuncionarios como el exsecretario de Gobierno, Rogelio “N”, así como el líder de los concesionarios de centros de verificación, Eduardo Mario “N”, así como profesores y líderes sindicales, dirigentes de partidos de la oposición comenzaron a criticar esta modalidad en la procuración de justicia en Veracruz.
Sin embargo, se trata de un acto delictivo que cada vez es más castigado por la Fiscalía de Veracruz, aunque a nivel nacional se le asocia con abusos de autoridad y violaciones a los Derechos Humanos.
