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Nexos del crimen y políticos en Veracruz ponen en riesgo a familias de desaparecidos

(EXCLUSIVA) Una cama vacía, corazones rotos y un cúmulo de sueños truncados quedaron en la casa de Yetzi; a 10 años de que fuera secuestrada por hombres armados, su madre solo tiene un ruego, que nace desde lo más profundo de su ser: que su hija por fin le sea devuelta.

Eran las 6:15 de la tarde del 13 de mayo de 2011. Un hombre desconocido se aproximó a la vivienda de Janet González, en la colonia Revolución, y le pidió que saliera.

Nexos del crimen y políticos en Veracruz ponen en riesgo a familias de desaparecidos

Ante la extrañeza de la mujer, el joven hizo señas a otras tres personas que se encontraban a bordo de una camioneta, quienes, tras el aviso, descendieron de la unidad portando armas de fuego.


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Aterrada, Janet intentó cerrar la puerta; sin embargo, uno de los pistoleros logró empujarla e ingresar.

- ¿Dónde está la muchacha? – preguntó.

- ¡¿Cuál muchacha?! – contestó alarmada.


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El hombre se dirigió directamente al baño -donde se duchaba Yetzi- y sacó a la joven, mientras los otros tres delincuentes golpeaban a su madre y a su hijo, que en ese entonces tenía solo un año de edad.

- ¡Al niño no! ¡A mi mamá no!- suplicó.

- ¿Por qué se la van a llevar? ¿Qué hizo? – preguntó, desde el suelo, la angustiada madre.

- Va a estar como una reina, yo se la voy a entregar. Si usted no dice nada, no le va a pasar nada y se la voy a devolver; pero si usted nos acusa con la policía, voy a venir y los voy a descuartizar.


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Enjabonada y en paños menores, Yetzi fue sacada de su vivienda; los pistoleros la subieron a la camioneta y su familia no volvió a saber de ella.

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El caso de Yetzi Karen Sánchez González se suma a la larga lista de secuestros y desapariciones que se han registrado en Veracruz y que, hasta el momento, continúan impunes.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, de 2006 a abril de 2021, en México se contabilizaron más de 85 mil personas desaparecidas, de las cuales, 5 mil 336 pertenecen al estado de Veracruz.

Esta cifra ha colocado a Veracruz entre los 10 estados con mayor número de personas desaparecidas, con dos de los municipios que presentan más fosas clandestinas: Úrsulo Galván y Playa Vicente.

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Brenda Cerón Chagoya, encargada de despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda, precisó que la zona centro del estado es la que ha presentado un mayor índice de reportes de desaparición de personas, donde también ha sido localizado el mayor número de fosas clandestinas.

Entre los municipios con más hallazgos, dijo, se encuentran Ixtaczoquitlán y Omealca, así como Tihuatlán -en la zona norte-, donde se ubica el predio ´La Gallera´.

Tan solo en los primeros seis meses de 2021, colectivos en busca de personas desaparecidas y personal de la Fiscalía General del Estado han encontrado más de 40 posibles individuos en fosas clandestinas; sin embargo, hasta el momento no hay una cifra oficial.

Para Jorge Verástegui González, especialista en temas de desaparición, las desapariciones continúan al alza.

"Seguimos viendo que las desapariciones continúan ocurriendo (...) parecería que sigue sin existir un mecanismo de coordinación efectiva entre las comisiones de búsqueda con las fiscalías", reclamó.

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Precisó que aunque hay un Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en este no se cuenta a las personas que no son denunciadas, por lo que existe una cifra negra difícil de cuantificar.

En delitos como el secuestro, expuso, la cifra negra ronda arriba del 90 por ciento, con lo que podría estimarse que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas representa únicamente el uno por ciento de las desapariciones en el país.

El especialista señaló que la corrupción que ha imperado dentro del sistema de justicia, ha impedido que la gran mayoría de los casos de desapariciones forzadas sean investigados como secuestro u otros delitos, situación que ha permitido que los delincuentes sigan libres o se encubra a servidores públicos involucrados en estos ilícitos.

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De acuerdo con Janet González, en el secuestro de Yetzi estuvo involucrado un exfuncionario de apellido "Narvarte o Narváez", quien solo permaneció preso por aproximadamente seis meses, por un delito que no fue la privación de la libertad de su hija.

El exfuncionario fue detenido tres años después del secuestro de Yetzi, acusado por el delito de trata de personas. Fue llevado a la Ciudad de México, ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), donde Janet lo señaló como el secuestrador de su hija; sin embargo, pocos meses después fue liberado y posteriormente asesinado en una fiesta.

El caso de su hija no fue tomado como secuestro, sino como desaparición, por lo que hasta el momento no hay ninguna persona detenida o investigada.

Tras una serie de investigaciones, se logró obtener datos de una presunta casa de seguridad en la calle Emilio Portes Gil de la colonia El Nogal, donde aparentemente se encontraba Yetzi. Janet acudió ante la Agencia Séptima del Ministerio Público ubicada en la calle Justo Sierra esquina 20 de Noviembre, donde fue atendida por un licenciado de nombre Alejandro.

Esta persona le aseguró que ingresarían al inmueble y rescatarían a su hija; no obstante, le pidió 4 mil pesos para realizar las diligencias. Una semana después, Janet regresó a la Agencia, pero el licenciado ya había sido sustituido y las personas encargadas dijeron no saber nada del caso.

Las autoridades estatales tampoco ayudaron a Janet en la búsqueda de su hija, pues incluso en varias ocasiones fue sacada por la fuerza de eventos del entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa.

La relación entre los actores políticos y el crimen organizado ha influido en la desaparición de personas, reveló Dawid Bartelt, director de la fundación Heinrich Böll en México.

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Señaló que las "redes de macrocriminalidad son un fenómeno muy pronunciado en el país". El estado, dijo, "no está apenas siento cooptado por fuerzas económicas o ilegales, sino que organiza activamente esas redes de macrocriminalidad".

Bartelt puso como ejemplo el caso de Coahuila, bajo el gobierno de los hermanos Rubén y Humberto Moreira, "donde quedó muy claro que fue el estado el que organizó muy activamente la cooperación tanto con empresas mineras de carbón y grupos del crimen organizado para actividades ilícitas".

Detalló que esas redes no se crean para desaparecer personas, pero al ser ilegales, implica cometer crímenes, entre ellos desapariciones forzadas.

La relación entre funcionarios y el secuestro de Yetzi ha complicado su localización y las investigaciones continúan estancadas. Lo que ha crecido es el temor dentro de su familia, la cual ha sido constantemente amenazada.

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La última vez fue en la marcha del 10 de mayo, donde dos hombres a bordo de una motocicleta le dieron alcance a su madre Janet cerca de la Plaza Lerdo y la amagaron con una pistola.

Janet teme por su vida y la de su familia; sin embargo, ha jurado no descansar hasta que su hija esté de nuevo entre sus brazos y los culpables paguen por todo el sufrimiento causado.

"La he esperado todo este tiempo y la he buscado; si la llego a encontrar, no me va a alcanzar la vida para estar y disfrutar con ella".



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