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Desde 2016, Sefiplan ha violado derechos humanos de proveedores
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De 2016 a la fecha, todas las fuerzas políticas gobernantes han incurrido en violación a los derechos humanos y jurídicos de los proveedores a quienes se les adeuda por bienes y/o servicios desde el régimen de Javier Duarte de Ochoa, por lo que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del actual gobierno estatal deberá aceptar la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), así como realizar las investigaciones y denuncias correspondientes y la reparación para que no se prolonguen dichas violaciones, expuso el abogado Juan José Llanes Gil del Ángel.
El incumplimiento de pago a los proveedores de bienes y/o servicios (empresarios) por parte del Gobierno del Estado de Veracruz constituye una violación que se ha perpetuado, es de "tracto sucesivo".
En este escenario la actual administración estatal encabezada por Cuitláhuac García Jiménez deberá, en próximos días, aceptar la recomendación de la CEDH dirigida a la Sefiplan y su actual titular, José Luis Lima Franco, pues tal aceptación sería un acto de congruencia, inteligencia y respeto a los derechos humanos, destacó el jurista.
Se trata de la recomendación 155/2020 emitida por la CEDH el 14 septiembre 2020.
LOS HECHOS: FRAUDE, ENGAÑO Y VIOLACIÓN A DERECHOS
El representante legal de los proveedores afectados recordó que durante la administración de Duarte de Ochoa se celebraron contratos con diversos proveedores de la iniciativa privada, el problema con dicho gobierno fue que decidió no pagar y comenzó a acumularse una deuda que afectó a cientos de proveedores de bienes y servicios.
Por ejemplo, indicó, en el caso de la "escasa" obra pública en el periodo 2010-2016, solo se pagaron unas cuantas.
Prácticamente, dijo, “durante el sexenio de Javier Duarte, la obra pública la financió la iniciativa privada con la expectativa de que le fuera pagada".
El quebrando a las empresas trajo la pérdida de empleos en el estado de Veracruz. Ese quebrando fue referido en el proceso electoral de 2016 y el entonces candidato del PAN a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Linares, quien tenía pleno conocimiento del problema de los empresarios cuando asumió la gubernatura.
Luego entonces, recordó, el 27 de septiembre de 2017, durante el gobierno de Yunes Linares, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado un "Acuerdo por el que se instruye a la Sefiplan revisar y validar los presuntos adeudos de la administración 2010-16, a cargo de las distintas dependencias y entidades de la administración pública estatal con proveedores y contratistas".
El proceso de revisión de las deudas, que no era un compromiso de pago con los empresarios y proveedores afectados, refirió, era un "laberinto". Después, evocó, de haber dicho que los adeudos eran del orden de los 40 mil millones de pesos como candidato, el gobernador panista rectificó y reconoció únicamente cuatro mil millones de pesos.
Como los pagos no ocurrieron y dado que se trataba de una violación a derechos humanos, el 22 de octubre de 2018 la queja se llevó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pues los proveedores fueron víctimas de un fraude con Javier Duarte de Ochoa y luego de un engaño y simulación de que se pagaría en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
La recomendación de la CEDH definió como probado el hecho de emisión de pago con contratistas por parte de la Sefiplan, violando derechos y garantías.
La CEDH “definió como el derecho humano violado el derecho a la seguridad jurídica en relación con garantías judiciales. Todo ello está contenido en 32 páginas de la Recomendación, puntualizó Llanes Gil del Ángel.
“La seguridad jurídica de los proveedores de los bienes y servicios estaba totalmente lacerada porque les dijeron ‘sométete a un procedimiento de revisión’ que el gobierno de Yunes dispuso por sí y ante sí en un acto de extremo autoritarismo porque tenían el poder, sin siquiera hacer un compromiso de pago”.
A ello el abogado agregó que se violentó también la presunción de inocencia en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, cuando dijo que todas eran empresas fantasma hasta que se demostrara lo contrario.
Asimismo, expuso, la CEDH determinó un número inestimado de víctimas con lo que pretendió tutelar a todos aquellos que vieron violentada su seguridad jurídica.
Juan José Llanes Gil del Ángel detalló que en toda la historia de la CEDH solamente se han emitido dos recomendaciones que abarca a un conjunto indefinido de víctimas, esas dos fueron la 16/2016 a favor de jubilados y pensionados, y ésta, en torno a los proveedores. Ambas quejas fueron presentadas por el jurista.
Sin embargo, las 13 personas físicas y morales que solicitaron la intervención de la CEDH no han visto enmendado el daño por parte de la Sefiplan. Y es que la dependencia ni siquiera contestó en 2018; “tampoco ahora lo ha hecho, por lo que se espera su respuesta”.
De tal modo, la violación a los derechos de los proveedores de bienes y servicios, es decir, los citados como víctimas por la CEDH, se ha perpetuado; “es de tracto sucesivo", explicó el abogado.
En este contexto, lamentó que de 2016 a la fecha todas las fuerzas políticas –pues todas han gobernado y han sido oposición en el estado de Veracruz durante este corto periodo-, han incurrido en la violación a los derechos de los proveedores.
Únicamente, precisó, la Sefiplan otorgó un número de folio, pero siguen violadas las garantías jurídicas de las víctimas.
SEFIPLAN DEBE ACEPTAR RECOMENDACIÓN POR CONGRUENCIA
Juan José Llanes Gil del Ángel destacó que la CEDH ordenó una investigación exhaustiva para determinar la responsabilidad administrativa y, aunque tal recomendación no es vinculatoria, de la investigación se deberán hacer las denuncias correspondientes de la Sefiplan actual ante la Contraloría y ésta a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, para que se determinen las sanciones a quienes resulten responsables, lo cual atañe a funcionarios de pasadas administraciones.
El jurista resaltó que se trata de hechos perpetuados y cometidos por el Gobierno del Estado de Veracruz y la Sefiplan independientemente de regímenes o titulares de los poderes o dependencias, por lo que el llamado es para que el actual gobierno estatal, en un acto de congruencia a los principios que abandera la actual administración, así como por respeto a los derechos humanos, acepte la recomendación de la CEDH y actúe en consecuencia para reparar el daño de los proveedores afectados.
Se trata, dijo, de que el país no siga dividido en víctimas y victimarios, y que en este caso del estado de Veracruz no se vaya a continuar perpetuando el daño.
Se espera que la mencionada recomendación emitida por la CEDH sea aceptada por la Sefiplan en próximos días, agregó.
