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Corrupción y desfalco en el Poder Judicial de Veracruz
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El Poder Judicial del Estado de Veracruz carece de autonomía y transparencia en el manejo de recursos, incluso en 2020 incurrió en un subejercicio de 800 millones de pesos y se podría determinar la nulidad de los contratos de las ciudades judiciales.
La Magistrada María Concepción Flores Saviaga, adscrita a la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en entrevista exclusiva para el Corporativo IMAGEN, acusó que el endeudamiento del estado se generó por el contubernio del Congreso local y el Poder Judicial.
Además la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría resolver una controversia constitucional por la falta de división de poderes.
Los magistrados y magistradas, Alma Rosa Flores Ceballos, Roberto Armando Martínez Sánchez, María Concepción Flores Saviaga y Bertha Inés Chávez Méndez, solicitaron en noviembre del año pasado, se convocara a una sesión extraordinaria urgente, para tratar los resultados obtenidos por el Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia durante los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020, sin embargo, no hubo respuesta.
El Fondo Auxiliar se conforma con fianzas y otros conceptos a nombre del Poder Judicial para mejorar la administración de justicia y podría permitir realizar ciudades judiciales a largo plazo, así como conseguir recursos internacionales para mejorar la administración de justicia.
“Pedí que se realizara una sesión para analizar la situación de las ciudades judiciales. Saber cómo se integraron, cómo se aplicó la ley y que se desahogaran las observaciones que hace el ORFIS de las irregularidades desde la formalidad de los requisitos que exigen las normas para establecer que los contratos fueran correctos pero todo está en ilegalidad. No sabemos cuánto se ha invertido porque no nos quieren informar, por eso solicitamos la sesión”.
Ciudades judiciales
La también investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana señaló que las modificaciones realizadas al Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura fue con mala intención, pues se buscó establecer un mecanismo financiero para hacer un solo movimiento de recursos propios.
Pero los que no eran propios también se administraron y gastaron. Estos últimos son captados a través del Fondo Financiero del Consejo de la Judicatura.
Por ello desde 2018 la comunidad de abogados denunció supuesto desfalco al Consejo de la Judicatura.
Además el proceso de inversión público-privada para invertir en 21 ciudades judiciales (al inicio eran 17) se hizo con autorización del Congreso del Estado, pero con un procedimiento sin bases jurídicas, ya que comenzaron antes de la autorización de los diputados y las adjudicaciones se realizaron sin cumplir con los requisitos legales de las licitaciones del presupuesto.
“Esa modificación del reglamento interior tiene una finalidad que no es sana porque se utilizan los recursos que no son propios. Revisamos la situación y surgió la inquietud de inspeccionar el techo presupuestal de 2018 y 2019 para saber sobre la inversión público-privada que se estableció a través de esa ley para las 17 ciudades judiciales de primera instancia y después se aumenta a 21”.
Sin embargo, a través de recursos interpuestos se podría determinar la nulidad de los contratos de las ciudades judiciales ya que la Ley de Asociaciones Público- Privadas para el Estado de Veracruz contempla sanciones por no cumplir con requisitos y parámetros establecidos en normas fiscales y administrativas.
Aunado a ello Joana Marlen Bautista Flores, titular de la Dirección General de Administración del Consejo de la Judicatura, retiró a los contadores (con 25 años de experiencia en su puesto) que se encargaban de los Fideicomisos de las Ciudades Judiciales.
Flores Saviaga insistió en que la Presidencia y la Dirección General de Administración deben informar qué ocurrió con el subejercicio del año anterior y cómo se aplicará el presupuesto del ejercicio fiscal 2021.
Sin especificar montos, acusó que en 2020 no se otorgó al Poder Judicial el 2 por ciento del presupuesto del estado y en esta ocasión tampoco se dará el monto completo, pero no hubo quejas porque a su parecer los nuevos magistrados se sienten dependientes y alineados al poder que los nombró, a pesar que llegaron por un procedimiento legal y por mayoría calificada.
Falta de autonomía
Las decisiones del Poder Judicial del Estado no son autónomas, por ello la Magistrada coordinó una controversia constitucional, que se encuentra pendiente de resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Dijo que con una verdadera división de poderes se podrá restablecer el estado de derecho y poner fin al desorden social en todos los sectores.
Con separación se tendrá equilibrio y democracia en el ámbito de desarrollo social.
Acusó que el Consejo de la Judicatura violenta la autonomía del pleno al tomarse atribuciones que no le corresponden, entre temas administrativos y de manejos de recursos.
“El Pleno es un órgano superior autónomo para decidir y modificar las normas del Poder Judicial y los temas administrativos son competencia del Pleno delegadas al Consejo de la Judicatura. Sin embargo el Consejo de la Judicatura quiere decidir todo lo relacionado a los gastos de administración de justicia”.
Por esta situación no se atienden las necesidades de los juzgados, no se siguen protocolos para prever como activar con responsabilidad las funciones jurisdiccionales, entre otros.
Una vez que los otros poderes saquen las manos del Judicial se podrá integrar un equipo de trabajo para establecer la administración de justicia en línea.
Escuela judicial
Finalmente señaló que la Escuela Judicial podría generar ingresos capacitando al personal y dando oportunidad a que abogados externos paguen colegiaturas módicas para ampliar la capacitación en la sociedad.
Recordó que el sistema educativo de enseñanza superior no tiene capacidad lo que generó que surgieran universidades y en particular se presidió la innovación de la Universidad Politécnica de Veracruz, que comenzó antes que las federales y se trabaja con la Confederación Mexicana Campesina para acercar educación a la gente del campo con proyectos productivos sociales y proyectos alternativos para tener desarrollo regional.
“La Escuela Judicial siempre ha existido lo que pasa es que no tiene programas formales pedagógicos. Se estableció la escuela pero solamente se pidió la autorización sin un programa permanente de capacitación y se tiene que hacer, con líneas encausadas. Y se tiene que hacer por todos los jueces y magistrados que somos quienes sabemos las
