OPLE: órgano sancionador



Hace un par de semanas, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) turnó a los organismos públicos locales electorales (Oples) presuntos casos de promoción personalizada en la que habrían incurrido legisladores y funcionarios al entregar diversos bienes con motivo de la pandemia del Covid-19, para que determinen si se cometió la irregularidad y aplicar posibles sanciones.


También revocó el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), por medio del cual dictó medidas cautelares contra servidores públicos que habrían caído en el ilícito.


Los magistrados determinaron lo anterior al resolver impugnaciones al acuerdo del INE, interpuestas por ocho legisladores y funcionarios que presuntamente hicieron uso indebido de recursos públicos para realizar promoción personalizada, entre los cuales se encuentra el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, aspirante de Morena a la alcaldía de Minatitlán.


En sesión privada no presencial, los magistrados del TEPJF estimaron que la Comisión de Quejas del INE no tiene competencia para conocer de presuntas irregularidades electorales a partir de elementos probatorios que únicamente revelan una incidencia en el ámbito local.


¡Cómo da vueltas la vida! Y es que el caso de Gutiérrez Luna deberá ser revisado por el órgano electoral de Veracruz que preside el consejero José Alejandro Bonilla.


Lo que algunos quizá no recuerden es que este diputado de Morena fue el principal promotor de la reforma electoral que pretendía eliminar a los 32 OPLEs del país con el argumento de generar ahorros de 5 mil millones de pesos con proceso electoral, y de entre 7 mil y 9 mil millones de pesos en un año sin comicios.


Sin embargo, en uno de los Foros de Parlamento Abierto para el Análisis y Discusión de la Reforma Electoral organizados por el Congreso en junio de 2019, Gutiérrez

Luna recibió respuesta del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien manifestó que “desaparecer los OPLEs y sustituirlos por consejos locales del INE, nombrados desde la Cámara de Diputados, no sólo se generarían problemas operativos, sino que habrá una vulneración directa a la autonomía del sistema electoral y una cooptación política de las autoridades electorales”.


Córdova indicó que desaparecer los OPLEs implicaría que el INE organice todo, lo que obligaría ampliar sus estructuras en los estados e incrementar sus capacidades operativas, y “por lo tanto, necesitará más recursos”.


Córdova, en cambio, propuso modificar la Ley General de Partidos Políticos “para establecer que se multiplique el padrón de cada estado por el 30 por ciento, y no el 65 por ciento como ocurre”, lo que reduciría “en el plano local casi 2 mil 500 millones de pesos al año”.


Además planteó el uso de la urna electrónica que “ahorraría recursos en el trabajo de campo, capacitación electoral, integración de casillas, documentos y materiales electorales, el PREP, así como en cómputos distritales y recuentos”, que tan sólo en elecciones federales generaría ahorros por otros 4 mil 500 millones de pesos.


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