Nueva tormenta en el Poder Judicial
El Poder Judicial de mal y de malas. Pero además se han tomado decisiones que no parecen ser las correctas, quizá por desesperación ante la apretada situación financiera que se vive, se determinó cerrar juzgados y los titulares se han amparado, lo que desatará una nueva tormenta financiera y administrativa.
Una vez que han ganado en su mayoría, 20 de los 29 jueces, la protección del Poder Judicial Federal, el Tribunal Superior de Justicia tendrán que cumplir con ellos y la instrucción de ser readscritos y pagarles, cuando físicamente los centros de trabajo y de impartición de justicia están cerrados.
Senda papa caliente tiene en sus manos la presidenta del TSJE, Isabel Inés Romero Cruz ya que al haber ordenado la salida de la veintena de jueces, éstos, sabedores del proceder jurídico han conseguido en su mayoría amparos de la justicia federal, lo que ha puesto en serio predicamento a la Presidenta del TSJE.
La instrucción es clara al resolverles que los juzgadores que habían sido depuestos tendrán que retomar sus lugares y deberán pagarles pero el problema será mayúsculo porque desde la cúpula administrativa la reingeniería financiera para amainar la crisis que se vive en el sistema judicial tenía como una centro de la salvación retirar a dichos jueces y a su personal, ahorrándose en buena medida esa nómina.
A la par del anuncio reciente de reducir en un 30 por ciento el salario y prestaciones a los dependientes del Poder Judicial en Veracruz, la presidenta Inés Romero revisa y prepara una nueva estrategia, que sería mantener cerrados por otras semanas los juzgados, una vez que con amparo en mano no podría hacerlo administrativamente, bajo el pretexto de la tercera ola de contagios y los dichos de la secretaría de Salud en el sentido de que los hospitales están saturados.
Los jueces y personal que día a día están obteniendo las suspensiones provisionales por parte de los impartidores de justicia del orden federal engrosan una serie de expedientes para el propio departamento jurídico del TSJE y se han puesto a chambear para enfrentar este nuevo revés que le han propinado los de casa.
Ante la ola de amparos en el interior de los juzgados que pretendieron cerrarse para precisamente evitar eso, el panorama se oscurece aún más dentro de la Justicia en Veracruz.
Queda de manifiesto que en el ambiente jurídico causó mucha extrañeza la determinación de los amparos para lo que algunos Juzgados de Distrito adoptaron el criterio de que la relación de los jueces con el consejo de la judicatura es meramente laboral, situación que trasgrede fehacientemente lo contenido en el artículo 116 de Nuestra Carta Magna, ya que la misma Suprema Corte ha establecido que los Jueces están en un partido distinto a ser considerados trabajadores de confianza, pues por ellos están incluidos en un partido especial.
Y es que en caso contrario no se garantiza autonomía y su independencia judicial; a fin de que estén exentos de cualquier presión de poderes o entes fácticos extraños al ámbito jurisdiccional.
En tal virtud, dicho criterio fue adoptado por un Juez de Distrito en Coatzacoalcos quien ordenó que se mantenga el salario y el cargo de la Jueza del Juzgado Familiar de Minatitlán, apegado estrictamente a derecho y acorde a los nuevos vientos de justicia que ha establecido la propia Suprema Corte.
Inclusive, aseguran al interior del sistema judicial, que en los cambios de adscripción de jueces estos a través del recurso de queja, han logrado que los juzgados de distrito admiten sus demandas bajo ese criterio.
El caso específico en mención que sería el parteaguas para el resto de los juzgados extintos, que suman 29 en total, es el de la titular del desaparecido Juzgado Décimo Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia de Coatzacoalcos, María Alicia Caram Castro, quien ganó la primera parte de la batalla jurídica que emprendió en contra del Acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura.
Y es que como se explica arriba, el Juzgado Décimo Noveno de Distrito con Residencia en Coatzacoalcos dio entrada al Juicio de Amparo 722/2021 promovido por la juzgadora y fijó la audiencia incidental para el 29 de este mes de julio.
Pero en tanto se resuelve el Juicio de Amparo, el Juez Federal también ordenó que se siga cubriendo el salario íntegro a la Jueza, así como todas las prestaciones y el servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Vaya brete en el que se ha metido de nueva cuenta el Poder Judicial de Veracruz, donde su titular Inés Romero parece no dar una.
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