Enrique Haro Belchez

Legisladores de la Cámara de Diputados aprobaron la semana pasada la extinción de 109 fideicomisos. Entre ellos, en lo particular, con 223 votos a favor de Morena y del PES; 165 en contra del PAN, PRI, MC, PRD y Verde, los diputados federales extinguieron el Fondo para el Cambio Climático; el cual era una herramienta clave para atender a la emergencia climática y sus impactos a la salud en México. Y al parecer correrá igual suerte en el Senado.

El Fondo para el Cambio Climático creado por la Ley General de Cambio Climático en 2012 captaba y canalizaba recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales, para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático. Su creación respondió a la necesidad imperante de incrementar los recursos existentes para la atención del cambio climático, la cual continúa vigente al día de hoy, y que se hace cada vez más necesario ante un Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 que contempla únicamente dirigir 1.1% de los recursos públicos a atender el cambio climático.

Uno de los aspectos centrales de la creación del Fondo fue apoyar medidas de adaptación debido a la alta vulnerabilidad a la que México está expuesto ante los impactos de un cambio climático que ya están sucediendo y que se verán agravados en el futuro cercano. De igual forma, el Fondo promovía medidas de mitigación para reducir las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual es clave para que México cumpla con sus compromisos para reducir emisiones y evitar un aumento de la temperatura global de más de 1.5 grados centígrados, tal como quedó establecido hace cinco años en el Acuerdo de París.

Es importante mencionar que el Fondo operaba bajo la gestión de un Comité presidido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el que participan diversas Secretarías del Gobierno Federal (Hacienda y Crédito Público, Economía, Gobernación, Bienestar, Comunicaciones y Transportes, Energía, Agricultura y Desarrollo Rural, y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano). Ello le daba un carácter multisectorial a las decisiones sobre el destino de los recursos del Fondo, fundamental para atender una problemática multicausal y que impactaba a todos los sectores de la sociedad.

En este sentido, los recursos del Fondo provenían de diferentes fuentes, además de las previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y otras aportaciones de otros fondos públicos. Entre ellas las contribuciones de pagos de derechos y aprovechamientos; las donaciones de personas físicas y morales, nacionales e internacionales y las aportaciones de gobiernos de otros países y organismos internacionales, entre otras.

Asimismo, el Fondo operaba a través de convocatorias que permitían que el recurso llegara a diversos destinos, incluidos proyectos a nivel estatal y local. Si bien era necesario reforzar su gestión y mejorar sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, acabar con él es un gran error para la lucha contra el cambio climático y una clara violación al estado de derecho, al poner en riesgo un acceso a un medio ambiente sano.

Su cancelación supone un retroceso importante en el financiamiento de acciones dirigidas al cuidado y protección del medio ambiente, lo que permitía tener más recursos disponibles para la atención de este problema en México.

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