Crónicas del Poder: El "Fiscal Carnal": Ya es una tradición en Veracruz

• Morena y la remoción de Verónica Hernández; renuncia antes del despido
• ¿Autonomía o control político?: Entra Ejecutivo a la designación 
• Evaluarán periódicamente el trabajo del nuevo fiscal 
• AL OÍDO: Toma protesta Rocío Nahle 

Por más que en el discurso político se hable de autonomía de los poderes del Estado, está claro que uno de los más manoseados en los últimos años ha sido el Poder Judicial en todos sus sentidos. 

Las fiscalías federales o estatales son el símbolo más claro del acompañamiento y caprichos de los que están en el poder. 

Tanto las fiscalías estatales como la FGR en México enfrentan desafíos significativos que afectan su capacidad para administrar justicia de manera efectiva. 

La falta de recursos, la corrupción, la impunidad, la falta de capacitación y la coordinación ineficiente son algunos de los principales problemas que deben ser abordados para mejorar la eficacia y la eficiencia de estas instituciones. 

La colaboración entre diferentes niveles de gobierno y la implementación de reformas estructurales son esenciales para superar estos desafíos y fortalecer el sistema de justicia en México. 

Y si a todo esto le suma el manoseo político de la justicia. 

Desde estos aparatos judiciales, se focaliza la aprehensión de enemigos políticos para desactivarlos en sus pretensiones electorales. 

Desde las fiscalías también se perdona a aquellos que forman parte del equipo y que han incurrido en actos delictivos. 

Es por eso que en los últimos gobiernos se ha buscado tener un fiscal a modo, a ese que se le llama el "fiscal carnal", el que estará bajo la sombra de quien gobierne. 

Los casos más claros fueron en las últimas dos administraciones estatales con Miguel Ángel Yunes Linares con Jorge Winckler y Cuitláhuac García Jiménez con Verónica Hernández, quien realmente fue fiscal del exsecretario de Gobierno, Eric Cisneros. Hoy Morena busca continuar con la tradición de tener un fiscal a modo, no importa si es eficaz o no. 

¿AUTONOMÍA O CONTROL POLÍTICO? 

La reciente iniciativa presentada por el diputado de MORENA, Diego Castañeda Aburto, para reformar la Constitución Política en Veracruz, ha abierto una nueva caja de Pandora en torno a la autonomía y la estabilidad de la Fiscalía General del Estado (FGE). 

Esta propuesta, que busca modificar tanto la designación como la remoción del titular de la Fiscalía, plantea un cambio sustancial en la estructura de uno de los organismos más importantes para la procuración de justicia en la entidad. 

Uno de los puntos más polémicos de la iniciativa es la reducción del periodo de gestión del fiscal de nueve a cuatro años, con posibilidad de reelección condicionada al cumplimiento de objetivos. 

Si bien esta medida podría interpretarse como un mecanismo para garantizar la eficacia y la rendición de cuentas, también levanta sospechas sobre la verdadera intención detrás de la reforma. 

A VERÓNICA ANTES DEL DESPIDO PIDE SU RENUNCIA  

La actual fiscal, Verónica Hernández Giadáns, fue ratificada en mayo de 2020 para un periodo de nueve años. 

Bajo el nuevo esquema, su periodo ya habría concluido, lo que obligaría al Congreso a iniciar el procedimiento de renovación de forma inmediata. 

Ayer se aseguraba que antes de que la despidieran había solicitado su renuncia formal para el próximo 30 de noviembre.

Este cambio repentino genera una duda legítima: ¿se trata de fortalecer a la institución o de abrir la puerta para un relevo alineado con intereses políticos? 

La procuración de justicia no debe estar sujeta a los vaivenes del poder. 

La autonomía de la Fiscalía es fundamental para evitar la instrumentalización de la justicia como arma política. Sin embargo, la iniciativa parece inclinar la balanza hacia un mayor control del Ejecutivo sobre este órgano, lo que podría debilitar su independencia. 

EL PAPEL DEL CONGRESO Y EL EJECUTIVO 

Actualmente, el Congreso es el responsable de la designación del fiscal general. Con la reforma, aunque esta facultad seguiría en manos del Legislativo, se incorporaría una "coparticipación" del titular del Ejecutivo estatal, quien tendría la facultad de seleccionar una terna de candidatos. 

Esta lista sería elaborada previamente por el Congreso a partir de propuestas de ciudadanos y organizaciones civiles. 

Si bien este modelo busca incluir a la sociedad civil en el proceso, la intervención directa del Ejecutivo podría dar lugar a negociaciones políticas que comprometan la imparcialidad de los candidatos. 

Más preocupante aún es la posibilidad de que el gobernador o gobernadora pueda solicitar la remoción del fiscal por "causas graves", lo que, aunque requeriría la aprobación de dos terceras partes del Congreso, representa una clara injerencia del Ejecutivo en una función que debería ser estrictamente autónoma. 

Un aspecto relevante es el esquema de evaluación periódica que se propone para el titular de la Fiscalía. Esta evaluación, a cargo del Congreso y el Ejecutivo, determinaría si el fiscal cumple con los criterios para ser ratificado para un segundo periodo. La intención, según Castañeda Aburto, es garantizar un mayor control sobre los deberes y obligaciones del fiscal. 

No obstante, el riesgo de que estas evaluaciones se utilicen como herramienta de presión política es evidente. 

La justicia no puede estar supeditada a los intereses del partido en el poder, sino que debe responder a los ciudadanos que exigen investigaciones imparciales, eficaces y transparentes. 

Veracruz ha sido testigo de cómo la falta de autonomía de la Fiscalía puede derivar en una procuración de justicia deficiente y politizada. La destitución del exfiscal Jorge Winckler Ortiz, bajo el argumento de no haber aprobado exámenes de control y confianza, dejó una estela de dudas sobre la imparcialidad de estos procesos. 

La propuesta de Castañeda Aburto llega en un momento crítico para el estado. La ciudadanía exige resultados en materia de justicia, pero esos resultados solo serán posibles si las instituciones actúan con independencia y profesionalismo, libres de presiones políticas. 

La iniciativa merece un análisis profundo y un debate transparente que ponga en el centro a los veracruzanos y su derecho a una justicia imparcial y eficaz. ¿Estará el Congreso a la altura de este desafío? La respuesta definirá el rumbo de la Fiscalía y, con ello, el futuro de la procuración de justicia en Veracruz. 

AL OÍDO 

Todo listo para que el próximo domingo 1 de diciembre, Veracruz entre en una nueva etapa en el ejercicio del poder estatal. 

Por primera vez, como ocurrió en la presidencia de la República, una mujer será gobernadora del estado. 

Sabiduría, liderazgo, empatía, tolerancia y éxito a Rocío Nahle García. 

Contáctanos: 

joluperezcruz@hotmail.com