Caso Tito: oposición no aprende
El exdiputado y exsenador panista Juan José Rodríguez Prats aclaró recientemente que el expresidente Benito Juárez, a quien tanto admira el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, jamás dijo que “a los amigos justicia y gracia”, y que “a los enemigos, justicia a secas”, sino que en realidad lo que consignó el Benemérito de las Américas en su Manifiesto a la Nación, el 15 de julio de 1867, fue lo siguiente: “La templanza de su conducta (refiriéndose a su gobierno) en todos los lugares donde ha residido, ha demostrado su deseo de moderar en lo posible el rigor de la justicia, conciliando la indulgencia con el estrecho deber de que se apliquen las leyes, en lo que sea indispensable para afianzar la paz y el porvenir de la nación”.
Pero “haiga sido como haiga sido” –como dijo el expresidente Felipe Calderón para justificar su cuestionado triunfo electoral de 2006–, lo cierto es que ahora, en la administración de López Obrador y en los estados donde gobiernan sus correligionarios, parece estarse aplicando al pie de la letra aquella frase que erróneamente le atribuyen al histórico personaje oaxaqueño.
Veracruz es el más claro ejemplo. El último adversario al que le aplicaron “la ley a secas” fue a Tito Delfín, candidato a la dirigencia estatal del PAN vinculado al exgobernador Miguel Ángel Yunes. A Delfín Cano le reactivaron un expediente por un presunto fraude cometido durante su gestión municipal en Tierra Blanca y que paradójicamente le fue iniciado por el exfiscalyunista Jorge Winckler.
Pero antes del exalcalde terrablanquense, durante el proceso electoral de junio pasado, fueron detenidos y procesados también por diferentes delitos el exsecretario de Gobierno y exdirigente estatal del PRD, Rogelio Franco Castán, quien encabezaba la lista plurinominal de candidatos del partido del sol azteca a la diputación federal; Gregorio “Goyo” Gómez Martínez, otro perredista postulado a la presidencia municipal de Tihuatlán, y Nicolás Ruiz Roset, abanderado de la alianza “Va por Veracruz” a la alcaldía de Minatitlán.
Previamente, en octubre de 2019, en el primer año de la actual administración del gobernador Cuitláhuac García, fueron libradas ordenes de aprehensión en contra de cuatro exfuncionarios yunistas de la Sefiplan: la exsecretaria Clementina Guerrero; Bernardo Segura Molina, exsubsecretario de Finanzas y Administración; el extesorero Adrián Viccon Basto y Luis Francisco Virúes, exsubdirector de Operación Financiera, los cuales fueron imputados en el proceso penal 318/2019 por los presuntos delitos de ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad.
Y hace casi tres meses, a unas horas de haber concluido su gestión como diputada federal del PRD, Norma Azucena Rodríguez Zamora, vinculada sentimentalmente con “Goyo” Gómez, fue detenida en Veracruz por su presunta participación en el homicidio del precandidato de Morena a la alcaldía de Tihuatlán, Nicanor Martínez Holguín.
¿Ya habrá entendido la oposición que en 2024 no deberá tener dirigentes, ni operadores electorales y tampoco candidatos que tengan cola que les pisen? A menos, claro está, que sean “amigos” o aliados del régimen de la 4T.
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