Morena alista impugnaciones

Este domingo 8 de junio culminaron los 212 cómputos municipales en Veracruz, tras las elecciones para renovar alcaldías. Desde el miércoles, los alcaldes electos comenzaron a recibir sus constancias de mayoría, iniciando el plazo para que los partidos políticos impugnen los resultados. La tensión crece en el escenario postelectoral, con Morena liderando una ofensiva legal en varios puntos del estado.

El representante de Morena ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), Gabriel Zúñiga Ovando, anunció que el partido impugnará los resultados en 23 municipios donde no obtuvo la victoria. La estrategia se centra en casos con diferencias mínimas entre el ganador y el segundo lugar, así como en aquellos donde se detectaron irregularidades durante la jornada electoral o los cómputos. "Son municipios donde estamos en el rango del 5% y tenemos posibilidad", aseguró.

Entre los casos destacados está Boca del Río, donde Morena denuncia la sustitución irregular de funcionarios de casilla por personas ajenas a las secciones correspondientes, una anomalía que podría derivar en la nulidad de la elección. Además, se señala un posible rebase en los topes de gastos de campaña, un tema que será llevado a tribunales para su revisión.

Otros municipios, como Tlalnelhuayocan, también figuran en la lista de impugnaciones debido a incidentes graves, como la quema de material electoral. Morena, junto con sus aliados de la coalición con el Partido Verde, recopila pruebas para sustentar las demandas. Zúñiga Ovando enfatizó que las irregularidades detectadas serán demostradas ante las autoridades electorales.

La batalla legal que se avecina podría redefinir el mapa político en Veracruz. Mientras los tribunales electorales se preparan para resolver, la ciudadanía espera que la justicia garantice la transparencia y legitimidad de los resultados. Morena apuesta por revertir derrotas clave, pero el éxito de sus impugnaciones dependerá de la solidez de las pruebas presentadas.

El rector y su cruzada por la reelección

La Universidad Veracruzana (UV) atraviesa un momento de tensión ante la insistencia del rector en buscar la reelección para un segundo periodo. A pesar de que la normativa universitaria establece límites claros, incluyendo restricciones por edad, el rector sostiene que cumple con todos los requisitos.

Mientras el rector defiende su candidatura, la comunidad universitaria no se queda de brazos cruzados. Estudiantes, académicos y trabajadores alistan marchas y protestas para expresar su rechazo a lo que consideran un intento de perpetuarse en el poder. La indignación crece ante la percepción de que se priorizan intereses personales por encima del bienestar colectivo.

La UV, que debería ser un bastión de la democracia y el debate, se ve ahora envuelta en una polémica que amenaza con fracturar su tejido social. Las voces disidentes exigen un proceso justo y apegado a la legalidad, sin manipulaciones ni excepciones.

En un intento por contrarrestar las críticas, personas cercanas al rector, ocupando puestos clave en la universidad, han iniciado una campaña para destacar los logros de su gestión. Estos esfuerzos, lejos de apaciguar los ánimos, han generado suspicacias. La repentina visibilidad de funcionarios que ensalzan los avances de la UV parece más una estrategia para apuntalar la reelección que un ejercicio genuino de rendición de cuentas. Esta maquinaria de promoción no solo carece de sutileza, sino que subestima la capacidad de la comunidad universitaria para discernir entre méritos reales y propaganda.

La situación pone de manifiesto un problema más profundo: la tentación de aferrarse al poder en instituciones que deberían ser ejemplo de renovación y pluralidad.