Acotarán negocios en SSP
Argumentando inclusive razones de Estado, en Veracruz, sexenio tras sexenio, los secretarios de Seguridad Pública y sus operadores financieros siempre se han resistido a abrir al escrutinio público algunas de las sospechosas adquisiciones millonarias de equipo para los cuerpos policiacos de la entidad.
Sobran ejemplos de gobernantes, así como de sus colaboradores, que se han enriquecido haciendo pingües negocios a costa de la intranquilidad de la ciudadanía aterrorizada por la desbordada violencia de los grupos criminales. Ahí están, por ejemplo, los casos de Genaro García Luna, el hombre de confianza del ex presidente Felipe Calderón, enjuiciado actualmente en Estados Unidos, y Arturo Bermúdez Zurita, tan cercano al ex gobernador Javier Duarte, bajo libertad condicionada desde diciembre antepasado.
Por eso ahora no sorprende que Leonel Cota Montaño, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pretenda frenar este tipo de abusos de poder, por lo que ha instado a estados y municipios a comprar equipos para sus policías mediante el esquema de compras consolidadas.
En reuniones de concertación para el ejercicio de los fondos federales de seguridad, el ex gobernador bajacaliforniano reiteró que de esa manera se obtienen considerables ahorros para las autoridades locales. “Incluso hasta del 50 por ciento, como lo es en el caso de los chalecos antibalas. Nosotros no recomendamos proveedores, que les quede muy claro, y es así como se establecerá la vía de las compras consolidadas”, explicó.
En diciembre pasado, por ejemplo, el gobierno federal presumió que gracias a la compra consolidada de más de 5 mil chalecos balísticos, autoridades locales ahorraron 59.6 millones de pesos debido a que el precio acordado por unidad fue sustancialmente menor al obtenido en 2018.
Cota subrayó la necesidad de tener procesos abiertos y transparentes en estas adquisiciones, para que puedan participar los mejores proveedores y se opte por las mejores opciones.
Enfatizó que el reto número uno es contener y reducir la incidencia delictiva que México ha registrado a lo largo de los últimos años, por lo que la concertación de los recursos del FASP y Fortaseg es de suma importancia para el cumplimiento de ese objetivo.
El funcionario federal destacó que para este ejercicio fiscal, el apoyo a estados y municipios se potenciará a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), ya que el porcentaje que se destinará a seguridad pasará de 20 a 50 por ciento.
Según apuntó, con estos recursos se aterrizará el nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, cuya finalidad es que los gobiernos municipales recuperen también su capacidad operativa para combatir la delincuencia.
Ya veremos qué repercusión pudiera tener en Veracruz, donde en mayo de 2019 se generó gran escándalo mediático por la adquisición de 50 patrullas --cuyo costo de cada una fue de 670 mil 600 pesos-- y el arrendamiento de otras 110 unidades, por las que la administración estatal deberá pagar 144 millones de pesos en tres años.