Jair Robles / OPINIÓN
Prioridades y Percepciones
2017-10-28
El pasado fin de semana durante una visita que el gobernador veracruzano hizo a la ciudad de Coatzacoalcos, para hacer entrega de patrullas y anunciar la inversión en equipos de video vigilancia para la ciudad, los miembros de la prensa se le acercaron para preguntarle sobre el crecimiento de la violencia en el estado que se ha venido registrando en los últimos meses particularmente en la región sur.

Durante dicho intercambio que se puede ver en el siguiente video https://www.facebook.com/pg/diariodelistmo/videos/?ref=page_internal, el gobernador Miguel Ángel Yunes les recordaba que hace un año cuando estaba por finalizar la pasada administración, se habían presentado todos los miembros del gabinete federal relacionados con los temas de seguridad para atender la oleada de secuestros que por esos días estremecían a la población y que hoy en día éstos han disminuido considerablemente. Una reportera le dijo que lo que sucede ahora no son tantos secuestros sino ejecuciones y a diario. La respuesta del gobernador fue decir que esas ejecuciones están relacionadas con el crimen organizado y que el prefiere proteger a la gente ‘honorable’ de los secuestros antes que atender las ejecuciones. La misma reportera le menciona que entre esas ejecuciones también han fallecido menores, específicamente una niña pocos días previos a esta visita del gobernador.
Nuevamente el mandatario estatal, responde diciendo que la persona que en esos momentos cargaba a la niña era alguien relacionado con el crimen organizado. Y si, lo más probable es que la mayoría de los ejecutados sean personas relacionadas con las bandas criminales y sus actividades fuera de la ley, pero resulta temerario que el principal responsable de proteger a la ciudadanía haga este tipo de declaraciones. Primero porque el argumento de que los ejecutados son personas ligadas al crimen organizado es una manera de eludir su responsabilidad y de deshumanizar el fenómeno. De acuerdo a las leyes mexicanas, la pena de muerte no existe en nuestro país, por lo que aún siendo delincuente se tiene derecho a la vida y la responsabilidad de protegerlos recae en el estado, ya no digamos de los niños, niñas o demás familiares que les acompañan. O acaso la nueva ley aprobada por la nueva mayoría panista-perredista en el Congreso Estatal, establece que el derecho a la vida comienza con la concepción hasta que uno se vuelve delincuente?

El segundo punto y que debería ser atendido con medidas más allá de la compra de patrullas y cámaras en las calles, es que si entre los ejecutados vemos taxistas, obreros, ganaderos o comerciantes, queda claro que las bandas criminales han permeado entre grandes sectores de la sociedad, al grado de comunidades enteras que protegen a ciertos grupos, como ya lo vimos en Puebla y más reciente en la zona centro del estado. Lo más probable es que familias enteras no encuentran otro tipo de oportunidades. Ante este panorama en verdad es prioritario invertir millones de pesos en remodelar el malecón del puerto veracruzano?

Por otro lado, alguien puede declarar con toda certeza que todos los ejecutados son delincuentes, acaso las bandas criminales cuentan con tan buena información sobre sus rivales que nunca se equivocan? En esta misma semana vimos como miembros de la Fiscalía del Estado trataban de llevarse a una señora en el Puerto de Veracruz y todo resultó ser un error. No existe la posibilidad de que algunos de los muchos ejecutados en el estado también hayan sido ultimados por error? Si el gobernador tiene tal capacidad de premonición para de antemano saber que todos los ejecutados son delincuentes, porqué no los aprehende antes de que se maten entre si en las calles de la ciudad?

Resulta un tanto hipócrita que el gobierno se excuse con el argumento de que es su obligación es mantener el estado de derecho y lleve a cabo acciones de represión en contra de grupos de ciudadanos que tomen alguna carretera en exigencia de mejores servicios, como la que se dio en el norte del estado recientemente, y que por otro lado, eluda esa misma responsabilidad en el caso de las ejecuciones; porque no son su prioridad. Será que los miembros de la delincuencia organizada tengan que ser simpatizantes de Morena, para que el gobierno estatal les mande a la policía para detenerlos?

Y hablando de declaraciones contradictorias, otra joya que escuchamos esta semana, fueron las de la actual secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, quien en días recientes argumentó que en el tema de la corrupción en el país, es en realidad un problema de percepción, del cual los responsables son las redes sociales y los actores de la sociedad que no dejan de publicar sobre este tema.

El mismo argumento se usó a principios de este Gobierno Federal en torno a la inseguridad en el país. En ese entonces la teoría era que la inseguridad era también un problema de percepción y que la solución estaba en dejar de comunicar como prioridad el combate a la delincuencia que venía llevando a cabo el gobierno de Calderón y presionar a los medios para que se dejara de dar tanta atención a este fenómeno.

Cinco años después, tenemos que el 2017 que está por terminar será el año más grave en cuestión de delitos de que se tiene registro. Si así sucedió en el tema de la inseguridad, habría porque creerle a la exprocuradora que la corrupción en el país no es un problema tan grave como la que parece. Quizás y en México la corrupción sea igual a la que se da en otros países, pero el verdadero problema es la impunidad que le acompaña. Basta ver el caso Odebrecht, que permeó en muchos países de Latino América, hasta los niveles más altos, pero México es el único donde hasta el momento no hay un solo inculpado.
¿Tendremos que esperar otros cinco años para que no quede duda de que la corrupción y la impunidad que le acompaña, son un problema más allá de las percepciones ciudadanas?

DI Noticias Noche 20 de Mayo del 2015
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